Harán peritaje a obra de tuberías en Lomas de Ilo por deficiencias, tuberías y compactación en varios tramos de los 63 km tienen graves problemas.

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El directorio del Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG) acordó contratar un consultor externo para que haga un peritaje a la obra de tuberías instaladas para hacer realidad la ampliación agrícola en 1750 hectáreas en Lomas de Ilo. La medida fue acordada porque se detectaron nuevas y graves deficiencias.

El proyecto fue ejecutado por las empresas Obrainsa-Astaldi, por encargo del Gobierno Regional de Moquegua con una inversión de 86 millones de soles.

Los trabajos arrancaron en el periodo del expresidente regional Martín Vizcarra y se concluyó en la actual administración, que lidera Jaime Rodríguez.

La línea es de 63 kilómetros desde el sector de pampas de Jahuay (Mariscal Nieto) hasta el reservorio regulador en Lomas de Ilo. Las tuberías deben soportar al menos 600 l/s (litros por segundo) de agua. Pero cuando se hicieron las pruebas en junio pasado soltando 10 l/s y después 50 l/s se reventaron dos válvulas (km 49 y 53).

Ahora a esto se suman otros problemas. El gerente general del PERPG, Johan Vilchez, confirmó que personal técnico hizo una evaluación. Abrieron zanjas en siete puntos distintos y detectaron que no se compactó bien las bases antes de haberse puesto los tubos.

Además la altura de las zanjas no cumpliría con las especificaciones técnicas. Vilchez refiere que se hicieron 30 centímetros menos y en algunos tramos se usaron material “hechizo”. Para el funcionario esta obra “es una desgracia”.

Lo peor es que un Comité del PERPG recepcionó en esas condiciones. Esto ocurrió durante la gestión del exgerente José Iraha.

Para el integrante del directotio del PERPG, Samuel Coayla, se tiene que encontrar a los responsables. Obrainsa se había ofrecido reparar las válvulas, pero hasta ahora no cumple. El PERPG evalúa anular el acta de recepción y que el consultor a contratarse haga la verificación por cada kilómetro.

Este caso se puso de conocimiento a la Contraloría. Coayla dice que la empresa ATA  estuvo como supervisor y no entiende cómo no advirtió estos hechos.

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